La tensión cedió ayer en Tafí del Valle, luego de la violenta jornada que se vivió el sábado. Un acuerdo que se rubricó ayer a la tarde en ese municipio entre los ministerios del Interior y de Seguridad permitirá a las comunidades originarias de la zona seguir interviniendo con la Policía, y a través de la Comuna y la Municipalidad, en el control de los accesos a esos lugares.

Desalojo de la ruta 307: descartan que las detenciones hayan sido ilegítimas

Como se sabe, el puesto principal permanecía instalado en proximidades del puente Mendilaharzu, por la ruta 307, con el fin de impedir el ingreso de personas ajenas a esas comunidades y que pudieran representar un riesgo de propagación de la covid-19 en los valles. La autoridad en el puesto de control era ejercida por la cacica Margarita Mamaní. El bloqueo generó la intervención de la Justicia, ante denuncias de damnificados. Así, el juez Mario Velázquez, del Centro Judicial de Monteros, dispuso el desalojo del puesto y la detención de Mamaní. Ayer el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley, reivindicó el rol de “colaboradores de la Policía” que venían teniendo los comuneros, y lo seguirán teniendo, en el puesto de control de la 307. Lo hizo al dar a conocer a la prensa el acuerdo de colaboración que firmó su ministerio con el de Interior, en el marco de las medidas que instrumenta el Comité de Emergencia de la provincia (COE) con el fin de evitar la propagación del coronavirus. “La ruta nunca estuvo cortada. Nos hemos integrado con parte de la comunidad a fin de que nos acompañe en la información y nos brinde precisiones de las personas que viven aquí. Se trató de llevar adelante un control fuerte y efectivo en la medida de aislamiento vigente” sostuvo.

El instrumento legal, que faculta a las comunidades originarias a trabajar con la comuna de El Mollar y la intendencia de Tafí del Valle en el control de acceso a la zona, fue acordado durante un encuentro que se desarrolló durante tarde en la casa del cacique Santos Pastrana, ubicada a orilla de la ruta 307. De esta participaron además de Maley, el secretario del Interior de Grandes Comunas, Luis Campos; el intendente Francisco Caliva, el legislador Jorge Yapura Astorga, el comisionado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, caciques y delegados barriales del municipio local. Afuera cientos de comuneros esperaron ansiosos el resultado de la reunión. A los gritos y con pancartas reclamaron la liberación de la cacica Mamaní y de los comuneros César Monasterio y Antonio Alvarez, estos últimos aprehendidos durante el desalojo de la 307.

LARGA ESPERA. Los pobladores vallistos aguardaban en la ruta mientras se realizaban las conversaciones.

El ministro de Seguridad aclaró que a raíz de la rigurosidad del control en que estuvo Mamaní, se presentaron intereses entre quienes “quieren venir a los valles a pasar la cuarentena porque es un lugar codiciado”. Pese a ello, precisó que se contemplaron cientos de casos de personas que tuvieron necesidad de acercarse a sus casas de veraneo. Aunque en algunos casos se argumentó haber sido víctima de robos, aclaró que en Tafí del Valle no hubo denuncias por ese delito en lo que va del año. “Todo el Estado está realizando un esfuerzo tremendo para hacer que se respete el aislamiento. Y el mayor peso lo están llevando Salud y Seguridad. Si somos una sociedad que respetamos las normas, no se entiende que en Tucumán haya 6.500 personas arrestadas por incumplir las normas de emergencia sanitaria y 2.500 secuestros de vehículos” dijo.

El funcionario finalmente explicó que el acuerdo apunta a hacer más eficientes los controles en los puestos de la ruta 307. “Interior va a compromenter a la comuna de El Mollar y de Santa Lucía y el municipio de Tafí del Valle a designar personal para integrarlo a los controles. A los comuneros se los puede convocar para ciertas actividades como lo venían haciendo, explicó. Por ahora los controles de Las Mesadas y de Tafí del Valle solo los realizará la policía.

La detención de la cacica Mamaní y de los comuneros Álvarez y Monasterio generó indignación entre las comunidades aborígenes. “No son delincuentes, son defensores de la salud de los valles y por lo tanto no pueden estar detenidos y maltratados” expuso Rafael Recchiuto, comunero que denunció haber sido maltratado por la Policía. “En el desalojo actuaron con total desprecio por las personas. No tuvieron contemplación con menores, mujeres ni adultos. Fue un ataque salvaje que dejó a varios lesionados con balas de gomas, entre ellos yo” dijo. Doña María Alvarez, madre de Antonio (uno de los aprehendidos en el desalojo), contó que hasta ese momento no sabía sobre el paradero de su hijo. “Nadie me sabe decir dónde está alojado Antonio. Es una situación desesperante e increíble. Para colmo a él lo atacaron cuando regresaba a casa desde el puesto de control” comentó.

Maley explicó que la situación de los aprehendidos está en manos de la Justicia.